martes, 2 de septiembre de 2014

Buscan declarar territorio libre de minería a San José Las Flores

Buscan declarar territorio libre de minería a San José Las Flores


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Alfredo Carías | VOCES
Las comunidades El Portillo, El Tamarindo, Las Limas, Llano Verde, Hacienda Vieja y el casco urbano, todas pertenecientes al municipio de San José Las Flores en el departamento de Chalatenango presentarán firmas para solicitar al Concejo Municipal realizar una Consulta Popular para “Declarar Territorio Libre de Minería” a dicho municipio.
Esta recolección de firmas es parte del proceso que se desarrolla en el municipio de Las Flores, en Chalatenango por proclamarlo el primer “Territorio Libre de Minería” en El Salvador, que implica realizar una consulta ciudadana convocada por la comunidad misma exigiendo al gobierno local que emita una ordenanza municipal que prohíba la actividad minera en la localidad.
Este esfuerzo piloto pretender servir de ejemplo para que otras comunidades junto con las autoridades municipales se inspiren y animen promover en sus territorios “Libres” de minería a través de un Acuerdo Municipal.
Esta iniciativa se suma a la campaña que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica junto con Oxfam desarrollan en contra de Pacific Rim/Oceana Gold que busca elevar el perfil del caso tanto a nivel nacional como internacional impulsando acciones de denuncias en países como Australia, Canadá y Estados Unidos. Además, el declarar territorios libres de minería nos brindaría soberanía y autodefensa contra las acciones como las compañías de Pacific Rim/Oceana Gold en El Salvador.
La iniciativa está siendo acompañada por la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo de El Salvador (CORDES), la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR) y la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), organizaciones miembras de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (MNFM)

jueves, 21 de agosto de 2014

Canción Fuera minera de El Salvador

Esta La
La canción es autoria de Wilfredo Laínez, nombre artístico Mc Letal, miembro del Movimiento Unificado Francisco Sanchez-1932; MUFRAS-32  como parte de la campaña: ¡No queremos minería! "Pacific Rim / Oceana Gold, abandonen el caso y salgan de El Salvador"


lunes, 18 de agosto de 2014

Noticia publicada en VOCES

Un instrumento más en la lucha contra la minería

Río Sumpúl
Ante a las fuertes amenazas de realizar proyectos de exploración y explotación minera en el norte del país, diferentes comunidades organizadas, con el apoyo de la Mesa Nacional Frente a la Minería  Metálica y la alcaldía de San José Las Flores en Chalatenango, trabajan en la realización de consultas ciudadanas que conlleven a la elaboración de ordenanzas municipales que prohíban la ejecución de proyectos mineros en la zona.
Michelle Ramirios
Este esfuerzo iniciará en San José Las Flores como  una prueba piloto que pretende proclamar al municipio como el primer “Territorio Libre de Minería”. Asimismo, se espera que la iniciativa sirva como ejemplo para que otras  ciudades cercanas abanderen la lucha contra la minería a través de decretos locales.
José Felipe Tobar, alcalde de San José Las Flores, manifestó su compromiso en el proceso que incluye talleres de orientación para líderes comunitarios que se encarguen de sensibilizar a la población sobre los estragos que causan los proyectos mineros en la salud y en el medio ambiente. Con esto se espera obtener el rechazo de la ciudadanía, pues “el liderazgo del municipio será el que haga todo ese proceso”.
De igual forma, el edil señaló que prevén que en septiembre inicie la elección para la consulta ciudadana que valide la propuesta contra los proyectos mineros en el municipio, “estamos convencidos que mientras no haya una ley que prohíba la minería metálica no nos confiamos ni vamos a descansar”.
Sin embargo para impulsar esta iniciativa, La Asociación para la Cooperación y el Desarrollo de El Salvador (Cordes), la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR) y la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes) organizadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, realizaron diferentes acciones como el foro denominado “Los impactos sociales de la minería y la importancia de declarar territorios libres de minería en El Salvador”, con el objetivo de exponer a las y los asistentes el peligro que generan las actividades mineras y poner de manifiesto la falsedad del discurso que plantean los grupos de poder interesados en la ejecución de proyectos mineros para fines lucrativos.
El foro, formó parte de la clausura del diplomado “Fortalecimiento de los liderazgos en la lucha anti minera”, impartido a 40 líderes de comunidades, organizaciones de base, unidades ambientales, autoridades de gobiernos locales y organizaciones sociales de los municipios de Arcatao, Nombre de Jesús, Nueva Trinidad y San José Las Flores.
María Juventina Ramírez, residente de San José Las Flores y defensora de los derechos ambientales organizada en la CCR, manifestó que el diplomado contribuirá a que las y los líderes obtengan los insumos y técnicas para sensibilizar a la población sobre la necesidad de evitar proyectos mineros, ya que en Chalatenango hay proyectos de exploración minera que atentan contra los recursos ambientales del lugar, “estamos amenazados porque hay cerros que están identificados que sí se puede hacer la explotación minera dentro de esos lugares”.
Del mismo modo, señaló que los principales temas abordados, se enfocaron en la legislación existente para identificar las ventajas y los vacíos que éstas tienen, así como las situaciones particulares que se dan en la región centroamericana y sus efectos en el país y las acciones que la población y las organizaciones sociales deben ejecutar para frenar las pretensiones de las empresas transnacionales que contaminará el Río Lempa, Sumpul y otros.
Agregó que la empresa canadiense Martinique inició procesos de exploración, el cual afectó a los lugareños, ya que vendían los terrenos a mayores costos sin ser conocedores de las consecuencias que traerá a largo plazo.
Por otra parte, Audelia Guadalupe López, diputada de la Asamblea Legislativa por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y presidenta de la Comisión Agropecuaria consideró que, si bien reconoce que la lucha y la incidencia contra la minería deben iniciar al interior de la misma población, el Órgano Legislativo debe asumir la responsabilidad de evitar que más proyectos mineros intenten extraer los recursos a costa de la salud de las personas.
“Con una exploración y explotación minera, con los niveles que se desarrolla, bastaría para tener en crisis todo el país”, agregó la diputada.
Asimismo, recalcó que en la lucha contra la minería, uno de los principales inconvenientes son las demandas internacionales interpuestas al Estado salvadoreño por parte de empresas transnacionales, quienes le imponen al país el pago de casi $300 mil millones, “tenemos empresas mineras que solamente están pensado en sus ingresos y en ningún momento piensa en las condiciones de las y los salvadoreños”.

miércoles, 13 de agosto de 2014

Denuncia pública de violaciones a Derechos Humanos en Nicaragua

Por este medio queremos denunciar el acto de cobardía que se está realizando en contra de los y las compañera de San Francisco Peñas Blancas del Municipio Las Dalias, Rancho Grande, Santo Domingo, Chinandega, a quienes se les ha obstruido el paso, se les ha bajado de los autobuses, los camiones y camionetas y no los dejan avanzar a Managua a manifestarse a favor de la vida, el agua y la tierra. La policía de Nicaragua les ha quitado sus documentos de identidad, los permisos para circular a los autobuses y camionetas. 

Son un aproximado de 500 personas a las que se les violenta el derecho a expresarse y manifestarse en una actividad pacifica a favor de los pueblos denominada “Caminata Protejamos la Madre Tierra” estas comunidades traían camiones llenos de productos alimenticios perecederos como Malanga, Plátano, Naranja, Queso y Cuajada para realizar demostraciones de alternativas al extractivismo y luego donarlas a un hospital. 

Es necesario expresar que los organizadores de la caminata tenían los permisos respectivos y habían coordinado con las instituciones del Estado, quienes se habían comprometido su respaldo a realizar. Un agricultor nos expreso “Es preocupante que el Gobierno de Nicaragua nos quite el derecho a expresarnos y que nuestra solicitud de prohibir la minería nos la callen

miércoles, 30 de julio de 2014

Noticia publicada en Diario El Mundo

Redacción Economía
Martes 29, julio 2014 | 12:01 am
Pacific Rim demandó al país en 2009 por negarle el permiso para explotar la mina de oro “El Dorado”./DEM
Pacific Rim demandó al país en 2009 por negarle el permiso para explotar la mina de oro “El Dorado”./DEM
Organizaciones sociales de El Salvador presentaron un Amicus Curiae (que en latín significa “amigo del tribunal”) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, en el que destacan que, en la disputa con la minera Pac Rim Cayman LLC, las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño cumplen con obligaciones internacionales, indicó un boletín de Oxfam.
La entrega del documento es parte de las acciones de las comunidades afectadas por al minería metálica en el país, indicaron. Las organizaciones argumentan que “las medidas adoptadas por El Salvador en relación al proyecto minero propuesto por Pac Rim cumplen con las obligaciones internacionales que el país adquirió en tratados de derechos humanos y medio ambiente”.
Según el escrito, estas obligaciones le exigen a El Salvador diseñar y aplicar un marco normativo que permita asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales amenazados por actividades riesgosas realizadas por terceros. Asimismo, se refiere a que en las circunstancias hídricas y ambientales del país, la minería tiene graves implicaciones y e impone riesgos considerados inaceptables para la población y el medio ambiente; por lo que la aplicación de tal normativa “no constituye un hecho ilícito, sino todo lo contrario”.
Las organizaciones expresaron su confianza de poder fortalecer la postura del Estado salvadoreño para lograr un fallo a favor del país en su absolución ante el tribunal.
Desde 2009, la minera canadiense Pacific Rim demandó a El Salvador por $310 millones por no haberle concedido un permiso de explotación de la Mina de Oro El Dorado, en el departamento de Cabañas.
En el CIADI, el caso continúa en la etapa de fondo. Se espera que el tribunal emita su resolución final el próximo mes de septiembre.
Oxfam y la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica dijeron que continuarán con acciones para que Pacific Rim/Oceana Gold retire la demanda contra El Salvador.

lunes, 28 de julio de 2014

Noticia publicada en Voces


Organizaciones sociales presentan segundo Amicus Curiae en el caso Pacific Rim contra El Salvador

Literalmente, Amicus curiae significa amigo de la corte o amigo del tribunal, es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, al arbitrio del respectivo tribunal.
El viernes 25 de julio del 2014, un grupo de organizaciones que conforman la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, con el acompañamiento del Centro para el Derecho Internacional Ambiental -CIEL-, con sede en Washington, presentaron un escrito de amicus curiae dirigido al Sr. V.V. Veeder, Esq., Dr. Guido Santiago Tawil, y profesora Brigitte Stern; todos miembros del Tribunal instalado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones -CIADI-, lugar donde se ventila el caso Pac Rim Cayman LLC contra la República de El Salvador, caso bajo referencia CIADI No° ARB/09/12.
El escrito de amicus curiae fue presentado de conformidad con el artículo 37(2) de las Reglas de Arbitraje del CIADI. Las organizaciones que lo presentaron consideraron oportuno remitir el escrito de amicus curiae en este momento, con debida antelación a la audiencia de fondo y habiendo tomado conocimiento de las presentaciones escritas de las partes contendientes, para no perturbar el procedimiento arbitral, de acuerdo con los términos del artículo 37(2) ya referenciado.
Específicamente, las organizaciones solicitaron al Tribunal recibir y considerar el escrito de amicus curiae. También solicitaron que el Tribunal mantenga su posición en favor de la transparencia del arbitraje, que ha visto como los memoriales de las partes, las audiencias y sus transcripciones han estado abiertas y disponibles al público.
Como fuera señalado en escrito de amicus curiae presentado por las mismas organizaciones en mayo de 2011 cuando se desarrollaba la etapa de jurisdicción, y que en esa oportunidad fue aceptado por el Tribunal, las organizaciones que ahora lo presentaron, como ya se mencionó, son miembras de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador, una coalición de organizaciones comunitarias, centros de investigación, y organizaciones ambientales, de derechos humanos y religiosas sin ánimo de lucro, que en conjunto tienen como objetivo mejorar el diálogo sobre políticas públicas relativas a la extracción de metales en El Salvador.
Asimismo, como fuera señalado en el escrito de amicus curiae presentado en la etapa de jurisdicción, ahora nuevamente se sostiene que los hechos que originaron la reclamación del demandante están entrelazados con el cambio social y político que se ha producido desde el advenimiento de la democracia representativa en El Salvador tras la guerra civil, y no existe duda alguna que la decisión del Tribunal sobre el fondo del asunto tendrá un impacto en las comunidades que las organizaciones representan – en sus tierras, en su forma de vida, e inclusive en su bienestar y en sus derechos humanos. Por consiguiente, los organizaciones tienen un interés significativo en el procedimiento, y resulta críticamente importante que sus voces sean escuchadas y sus perspectivas sean apreciadas.
Además, las organizaciones conocen de modo particular el complejo debate político sobre minería de metales y sustentabilidad en El Salvador. Como participantes activos en este diálogo social, y están en una posición única que les permite proporcionarle al Tribunal una visión particular y distinta de aquéllas presentadas por las Partes contendientes. A su vez, con la presentación del escrito, las oragnizaciones proporcionan perspectivas que se refieren a ciertas cuestiones dentro del ámbito de la diferencia y que le permitirían al Tribunal una mejor apreciación de la controversia.
En este escrito, las organizaciones también argumentan que las medidas adoptadas por El Salvador en relación con el proyecto minero propuesto por Pac Rim Cayman encuentran apoyo en las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y ambiente. En particular, las obligaciones de derechos humanos en materia ambiental le exigen a El Salvador diseñar y aplicar un marco normativo que permita asegurar el pleno goce de los derechos fundamentales amenazados por actividades riesgosas de terceros.
En el contexto específico de las circunstancias hídricas y ambientales de El Salvador, la minería impone riesgos inaceptables para la población y el ambiente. Por consiguiente, la aplicación por parte de El Salvador de un marco jurídico interno que proporcione protección efectiva a los derechos de las personas amenazadas por la actividad riesgosa de terceros no constituye un hecho ilícito, sino todo lo contrario. De igual forma, la cabal implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, recogidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, exige la adopción de medidas que reflejen el contenido del diálogo social relativo a la utilización de recursos naturales en el país. Por tanto, las organizaciones argumentan que las reclamaciones de la demandante no tienen asidero y deben ser desestimadas.