martes, 6 de diciembre de 2016




Alerta Permanente
contra la Minería Metálica en El Salvador


El 14 de diciembre próximo se cumplirán 2 meses desde que un Tribunal del CIADI emitió el laudo arbitral donde condenó a la empresa Pacific Rim/Oceana Gold a pagar $8 millones al  Estado salvadoreño, esto en el marco de la demanda que la transnacional minera inició en 2009 contra el Estado. De manera unánime, los tres árbitros integrantes del tribunal desmeritaron toda argumentación de la empresa y dieron la razón a El Salvador.

Lejos de acatar la resolución del CIADI,  Pacific Rim/Oceana Gold, en una clara afrenta a la resolución del Tribunal y al pueblo salvadoreño, ha arreciado sus  acciones a través de su filial Minerales Torogoz y la Fundación El Dorado en San Isidro, Cabañas. Dichas acciones van desde regalar artículos promocionales a favor de la minería, promover excursiones a una mina antigua e incluso a minas ubicadas en Nicaragua, campañas médicas, y publicación de campos pagados en medios de comunicación masiva, mediante los cuales difunden información falsa y continúan mintiendo al pueblo, tal y como lo hicieron a lo largo de los 7 años que duró el proceso de la demanda.

La empresa, incluso intentó al final del proceso, negociar con el Gobierno; luego de la condena, se ha acercado a algunos funcionarios de Gobierno; al parecer, como que algunos funcionarios piensan que los compromisos que adquiere el presidente son a nivel personal y no los vincula a ellos. El Presidente debe estar atento con estos funcionarios.
El pueblo salvadoreño debe tener claro que el interés de Pacific Rim/Oceana Gold no se limita sólo a la explotación minera de El Dorado, sino que su interés está en distintos puntos del país, así lo evidencia el mapa minero que establece más de 28 proyectos de interés extractivo que se ubican principalmente en la zona norte de El Salvador.

Con esta afrenta, la minera Pacific Rim/Oceana Gold está enviando un claro mensaje en cuanto a que, pese a haber sido condenada a pagar los $8 millones al país, su insistencia revela su desmedida pretensión de dañar el medio ambiente y la vida en El Salvador.

Frente a este contexto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador -MNFM– expresa:

I.- La empresa Pacific Rim/Oceana Gold tiene que pagar inmediatamente los $8 millones que ordenó el CIADI, más los intereses que el impago ocasiona; y que respete la institucionalidad del país, pero especialmente al pueblo salvadoreño. Han transcurrido casi 2 meses sin que asuma su responsabilidad con el Estado salvadoreño; asimismo debe acatar la resolución emitida por el tribunal internacional ya que  fue la misma empresa la que recurrió a esa instancia del Banco Mundial para que dirimiera el litigio.

II.- El Gobierno y sus funcionarios, deben cancelar los permisos para el funcionamiento    de la Fundación El Dorado, ubicada en San Isidro Cabañas, ya que sus actividades no tienen razón de ser pues la empresa Pacific Rim/Oceana Gold no cuenta con los permisos de explotación en la zona; lejos de impulsar buenas obras, profundiza el nivel de conflictividad social en las comunidades del departamento, la cual ha provocado la impune muerte de 5 ambientalistas y amenazas a muchos más

III.- Es urgente cerrar toda posibilidad a la industria extractiva de metales en el país, prohibiendo definitivamente la exploración y explotación de oro y plata, entre otros metales del subsuelo salvadoreño, por lo que exige a la Asamblea Legislativa, la inmediata aprobación de la  Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica, presentada por la MNFM el 1 de Octubre de 2013, y que hasta el día de hoy no ha sido discutida por los diputados y diputadas.

El recién nombrado Presidente del Órgano Legislativo, diputado Guillermo Gallegos, fue de los primeros en reaccionar positivamente cuando el CIADI le dio la razón al Estado de El Salvador, la MNFM le toma la palabra porque considera que hoy es el momento de aprobar la Ley que Prohíba la Minería Metálica en el país.

IV.- Como medida intermedia, la MNFM presentó a la Presidencia de la República, una propuesta de un Decreto Ejecutivo para Prohibir las Concesiones Mineras. Dicho documento se entregó en manos del Presidente Salvador Sánchez Cerén el 25 de agosto de 2016, y luego al Viceministro de Medio Ambiente, Dr. Ángel Ibarra, en un Foro Público desarrollado  el  26 de Octubre de 2016. Es urgente una acción real y urgente para su aprobación. Tanto el Decreto Ejecutivo como la Ley de Prohibición, son instrumentos para evitar el saqueo de los bienes naturales de El Salvador, y el respeto a los derechos humanos de la población salvadoreña.

V.– El Fiscal General de la República debe cumplir con su mandato legal en cuanto a velar por los intereses del Estado e iniciar un proceso para la recuperación de los $8 millones más los intereses que adeuda Pacific Rim/Oceana Gold, dinero que tanto le hace falta al país para atender derechos de la población más necesitada.

VI.- Frente a este escenario, la MNFM se declara en alerta permanente contra la industria extractiva en todo el país, elevando la lucha organizada de las comunidades en resistencia.



 Mesa Nacional frente a la Minería Metálica -MNFM-
San Salvador, 6 de diciembre de 2016


viernes, 14 de octubre de 2016


Laudo arbitral del caso Pacific Rim/Ocena Gold da la razón 
al Estado salvadoreño


Este día, el Fiscal General de la República de El Salvador, ha dado conferencia de prensa en Washington, y ha compartido los resultados del Laudo arbitral que le han sido notificados por parte del Tribunal instalado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI- respecto del caso que la empresa minera Pacific Rim-Ocena Gold inició en junio de 2009 en contra de El Salvador.

Este proceso duró siete años, tiempo durante el cual El Salvador ha tenido que gastar más de 13 millones de dólares en su defensa. Por su parte, la empresa minera inició el proceso exigiendo el pago de 70 millones de dólares; con el paso del tiempo subió la cantidad a más de 300 millones y luego de un recálculo que se le exigió debido a que se le demostró que estaba sobrevalorando las cifras de manera deliberada, la demanda quedó fijada en 250 millones de dólares.

El Fiscal ha anunciado que el laudo arbitral es favorable al Estado salvadoreño.

Sin embargo, pese a que nos alegra el resultado, hay que decir que El Salvador no ganó nada con el arbitraje, ya que simplemente el Tribunal concluyó que la empresa debe pagar a El Salvador 8 millones de dólares. El Salvador no tendrá que pagar la indemnización exigida por la empresa por aplicar su propia ley.  Mientras, la población de El Salvador ha visto cómo durante 7 años no se han mejorado los marcos legales de protección ambiental y de protección al agua, además de gastar más de 13 millones de dólares en asuntos legales que tanta necesidad le hacen al país ante tantas necesidades sociales.

 Nos alegra, por las personas de las comunidades, por su lucha constante; así como todos aquellas personas y organizaciones que nacional e internacionalmente han aportado a esta causa. Reconocemos la actitud de la presente y anterior administración de Gobierno que se han mantenido firmes en su decisión de no permitir la minería y de no negociar con la empresa minera.

El Laudo viene a reafirmar una vez más lo que hemos sostenido durante estos 7 años en cuanto a que el arbitraje ha sido un chantaje de una transnacional minera que ha abusado del proceso para que se le diera una concesión a la cual no tiene derecho.

El CIADI pudo haber concluido el caso en la etapa de reconocimiento de su jurisdicción, ya que se demostró que la empresa mintió al querese hacer pasar como estadounidense y así beneficiarse del CAFTA-DR-. Posteriormente, el CIADI atrasó deliberadamente el conocimiento del laudo arbitral del caso, pese a que éste concluyó en 2014. Estos dos aspectos, más otros, prueban una vez más que sus acciones son muy opacas.

Después de 7 años de litigio y más de 13 millones de dólares pagados a abogados, el Laudo del Tribunal ha dicho lo que todos ya sabíamos: que la demanda de Pacific Rim/Oceana Gold era frívola y sin mérito.

El arbitraje y la empresa Pac Rim han causado un grave daño moral y económico a El Salvador.  El país ha sido puesto en el banquillo de los acusados durante muchos años. La empresa Pac Rim es responsable de la violencia generada en Cabañas, la que ha resultado en amenazas, hostigamientos y asesinatos de líderes ambientales.

Exigimos a la empresa minera Oceana que abandone de una vez por todas el caso y salga de El Salvador, así como sus filiales Minerales Torogoz y la Fundación El Dorado. Estaremos atentos y exigimos desde ya que la empresa pague de manera efectiva e inmediata los 8 millones de dólares a que ha sido condenada a pagar a El Salvador en concepto de costas procesales.

El Laudo del Tribunal también reafirma la necesidad de concretar la prohibición de la minería en el país, de manera inmediata exigimos al presidente de la República a que apruebe la propuesta de Decreto Ejecutivo para la prohibición de la minería; mientras la Asamblea Legislativa aprueba la Ley que prohíba la minería metálica en El Salvador, y así evitar otros arbitrajes similares.

Ahora se abre un nuevo escenario para que las autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa no sigan poniendo pretextos para no aprobar los cuerpos normativos y prohibirla legalmente.


Mesa Nacional frente a la Minería Metálica -MNFM-
San Salvador, 14 de octubre de 2016