Complicidad estadounidense

El gobierno de Estados Unidos tiene responsabilidad en las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), tribunal corporativo del Banco Mundial que podría obligar al país a pagar 200 millones de dólares a esas compañías extractivas.

Primero porque el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), que hoy sirve a las empresas mineras como plataforma jurídica para enjuiciar a los Estados que no obedecen a sus intereses, fue impuesto por el Congreso estadounidense, a iniciativa de la nefasta administración Bush.

Dicho acuerdo comercial, que podría ser revertido por los valientes magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue aprobado en forma inconsulta y contrariando principios constitucionales básicos: sus Capítulos de Inversión y de Solución de Controversias ponen al país de rodillas ante los designios de las corporaciones transnacionales.

Las disposiciones referidas a la “expropiación indirecta”, “trato nacional” y de “nación más favorecida” son verdaderas aberraciones jurídicas que menoscaban el principio de soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación y las posibilidades estatales de implementación de políticas públicas tendientes al cumplimiento de los derechos humanos.

La más absurda de éstas es la “expropiación indirecta” que, según el CAFTA-DR, es cualquier acción u omisión gubernamental que afecte las ganancias y perspectivas de ganancias de los inversionistas. Por ejemplo: una normativa ambiental que obligue a las empresas a invertir en tecnologías menos contaminantes, leyes que establezcan mejores condiciones laborales, etc.

Bajo esta lógica, las compañías mineras en cuestión consideran “expropiación indirecta” la oposición del gobierno salvadoreño a la minería de metales: la negación del permiso de explotación a Pacific Rim en San Isidro (Cabañas) y la suspensión de la licencia de operación a Commerce Group en Santa Rosa de Lima (La Unión).

Las demás disposiciones señaladas del CAFTA-DR son también perjudiciales. Por ejemplo, el “trato nacional” obliga a los Estados a dar a las transnacionales los mismos beneficios que a empresas nacionales. En tal sentido, CNN puede ser subsidiada tanto como una radio comunitaria que sea favorecida por programas de promoción de la cultura local.

En segundo lugar, Estados Unidos es cómplice de Pacific Rim y Commerce Group por apoyar sus gestiones de arbitraje. En el caso de Commerce Group el respaldo es lógico, porque es compañía estadounidense; aunque inaceptable, en tanto ha cometido graves delitos ambientales, entre estos la contaminación del Río San Sebastián.

Sin embargo, la ayuda a Pacific Rim es un escándalo, ya que las autoridades estadounidenses concedieron la nacionalidad a dicha minera canadiense para que, estableciendo una cede en Estados Unidos, pudiera acogerse al CAFTA-DR, como empresa estadounidense, y enjuiciar al Estado salvadoreño por rechazar sus proyectos extractivos.

Por tanto, el gobierno de EE.UU., igual que el canadiense, son cómplices de las compañías mineras que extorsionan a El Salvador con millonarias demandas en el CIADI. El gobierno de Canadá, para no quedarse atrás, presiona a los países centroamericanos con la firma de un tratado comercial, tal como lo hizo su homólogo estadounidense con el CAFTA-DR.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.