Analiza consecuencias insostenibles por demanda de PacificRim
Oxfam y representantes de diversas instituciones nacionales analizaron en un foro las posibles consecuencias de la demanda de la empresa PacificRim para el Estado salvadoreño
Patricia Escobar
El Comité Oxford para la Lucha Contra el Hambre (OXFAM por sus siglas en inglés) El Salvador, junto a diferentes organizaciones e instituciones nacionales, analizaron las graves consecuencias que pueda traer consigo la demanda interpuesta al Estado Salvadoreño por parte de la empresa Pacific Rim que fue comprada por Oceana Gold de origen Australiano, si el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fuese desfavorable.
Según los expertos las implicaciones podrían ser tanto jurídicas como monetarias, y para un país que se encuentra en vías de desarrollo, como es el caso de El Salvador, sería insostenible, por tanto se teme que otras empresas de la misma naturaleza empiecen a efectuar demandas contra el Estado.
El proceso inició desde el año 2009 cuando la empresa PacificRim demandó al Estado Salvadoreño por $77 millones por negarle el permiso para explorar la mina de oro El Dorado en el departamento de Cabañas, basándose en la ley de Minería y en la ley de Inversiones vigente en ese momento.
Sin embargo, a raíz de la ley de medio ambiente aprobada en 1995, se requería la intervención del Ministerio de Medio Ambiente que denegó el permiso ambiental a la empresa y a partir de ese momento inició el diferendo.
En el 2013 Pacific Rim incrementó el monto de la demanda por $301 mil millones. La empresa presentó sus alegatos al CIDAI el pasado 11 de abril, por lo que este 2014 se convierte en un año decisivo para el caso, ya que la decisión debe ser emitida en septiembre del corriente.
Saúl Baños, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), considera que la demanda es injusta desde la perspectiva social porque se presentaría un precedente jurídico en donde las demás empresas que están interesadas en la explotación minera empezaran a demandar al Estado, “organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y las comunidades estamos planteando que no se debe dar la razón a la empresa porque eso sería sumamente perjudicial para el Estado salvadoreño” expresó Baños.
De igual manera enfatizó que de llegar hasta el punto que las demás empresas empiecen a demandar al país, obtendrían más ganancias a través de la demanda que por la inversión que ellos puedan realizar.
Por otro lado considera que si el Estado es condenado, tendría que pagar $301 millones, lo que representa una caída en las finanzas públicas y afecta al presupuesto nacional del país. El Salvador presenta un déficit fiscal y no logra cubrir ni satisfacer las demandas de la población.
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